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En 1997, la descertificación del gobierno de Ernesto Samper dejó a Colombia marcada como un socio poco confiable en la lucha contra el narcotráfico. Veintiocho años después, la historia se repite. Washington vuelve a colocar a Colombia en la lista negra, pero esta vez el presidente Gustavo Petro ha decidido personalizar la afrenta: en su relato, la descertificación no es un juicio a la política de Estado, sino un ataque contra su figura.
En paralelo, el propio Petro escribió en su cuenta de X: “Por esto me quieren matar, por esto me quieren poner preso, por esto Trump me descertifica”. Esa frase no solo ilustra el tono de victimismo, sino que confirma la personalización de un problema que recae sobre el Estado en su conjunto.
Esa inversión de los términos es peligrosa. La decisión de la Casa Blanca no es un gesto simbólico: afecta la cooperación antidrogas, condiciona más de 450 millones de dólares en asistencia y siembra dudas sobre la confiabilidad de un país que durante décadas fue visto como aliado estratégico. El presidente Donald Trump lo expresó sin ambigüedad: Petro está “en la mirilla de la droga”. Pero el mensaje trasciende nombres propios: es la advertencia de que Colombia ha dejado de ser un socio confiable.
Las cifras lo explican mejor que cualquier discurso. De acuerdo con Naciones Unidas, los cultivos de coca superaron las 250.000 hectáreas en 2023, un aumento del 24 % frente a 2021. La producción de cocaína es hoy un 50 % más alta que al inicio del actual gobierno. En regiones como el Bajo Cauca antioqueño o el Catatumbo, donde la presencia del Estado es débil, la política de “paz total” terminó facilitando el reacomodo de disidencias y carteles. El mapa de violencia se parece cada vez más al de los años más oscuros.
Frente a esos datos, Petro respondió desde Nueva York con un libreto conocido: confrontación con Estados Unidos y Europa, denuncias grandilocuentes contra “el supremacismo occidental” y una narrativa mesiánica en clave climática. The Economist lo resumió de manera categórica: un presidente que predica en foros internacionales mientras en casa crece el caos. El contraste es contundente: mientras invoca la defensa de la vida en la ONU, en Colombia se multiplican masacres y desplazamientos.
En el plano diplomático, la factura es severa. La confrontación con Washington y Bruselas, sumada al acercamiento con regímenes autoritarios, proyecta a Colombia como un país aislado en el momento en que más necesita cooperación internacional. La descertificación, conviene insistir, no es un castigo a Petro: es una mancha sobre el Estado colombiano que reduce su capacidad de interlocución en el escenario global.
Lo que está en juego trasciende coyunturas partidistas. El país no necesitaba un presidente que hiciera del victimismo un recurso de supervivencia política. Necesitaba un estadista capaz de honrar la esperanza de 2022 y enfrentar con seriedad la amenaza del narcotráfico. Hoy la descertificación se convierte en espejo de un liderazgo que confundió retórica con resultados.
Porque la descertificación no lleva el nombre de un hombre: pesa sobre todos los colombianos.
