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En el cierre del año, cuando el país evalúa su rumbo económico, pocas decisiones generan tanto impacto —y tanta polémica— como el ajuste del salario mínimo. El pasado 29 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó un incremento del 23,7%, fijando el salario mínimo legal mensual en $1.750.905, más auxilio de transporte. Se trata del aumento real más alto en décadas y, sin duda, de una medida con una fuerte carga política y social.
El objetivo es claro: mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el problema no está en la intención, sino en los efectos colaterales que una decisión de esta magnitud genera en una economía con bajo crecimiento de la productividad, alta informalidad y fuertes rigideces estructurales.
Un aumento que desborda la realidad productiva
El incremento aprobado supera ampliamente la inflación de 2025, que cerró alrededor del 5,3%, y contrasta con una productividad laboral que, según el Banco de la República, crece apenas entre 0,5% y 1% anual. En términos económicos, esto significa que los salarios están creciendo muy por encima de la capacidad real de la economía para respaldarlos.
El resultado no es difícil de anticipar. Cuando el costo del trabajo aumenta más rápido que la productividad, las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— enfrentan mayores presiones financieras. En un país donde más del 90% del tejido empresarial está compuesto por mipymes, el impacto no es marginal: se traduce en menos contratación, mayor informalidad o, en el peor de los casos, cierre de negocios.
Aunque el salario mínimo colombiano sigue siendo bajo en comparación internacional, el problema no es su nivel absoluto, sino su relación con la productividad y la informalidad. Más del 56% de los trabajadores se encuentra en el sector informal, lo que significa que más de la mitad de los colombianos no se beneficia directamente del aumento, pero sí sufre sus efectos vía precios y costos.
El efecto dominó: inflación, tasas y vivienda
Uno de los efectos menos discutidos, pero más relevantes, es el impacto inflacionario indirecto. En Colombia, el salario mínimo no solo define el ingreso de los trabajadores formales; también sirve como referencia para múltiples rubros: multas, tarifas, cuotas, copagos, contratos y, de manera especialmente sensible, el sector vivienda.
Con el nuevo salario, los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) aumentan automáticamente. Esto implica que una vivienda VIS en las principales ciudades puede encarecerse en más de $40 millones frente al año anterior. En un contexto de tasas hipotecarias elevadas y menor acceso al crédito, el resultado es claro: menos hogares pueden comprar vivienda y más proyectos se vuelven financieramente inviables.
A esto se suma el efecto macroeconómico. Un aumento salarial de esta magnitud introduce presiones inflacionarias adicionales —estimadas entre 1,5 y 2 puntos porcentuales— que obligan al Banco de la República a mantener una política monetaria restrictiva. Tasas de interés altas, a su vez, encarecen el crédito productivo, frenan la inversión y prolongan la desaceleración económica.
El problema estructural: una economía excesivamente indexada
El verdadero problema no es el salario mínimo en sí, sino su rol como eje de indexación del sistema económico. En Colombia, demasiadas variables están atadas automáticamente al salario mínimo: multas, tarifas, subsidios, aportes y topes legales. Esto amplifica cualquier ajuste y convierte una decisión salarial en un shock sistémico.
Una alternativa razonable —y técnicamente sólida— es avanzar hacia la desindexación progresiva de estos conceptos y sustituir el salario mínimo como referencia por indicadores más estables, como el IPC o unidades de valor reales. Esto permitiría reducir la volatilidad del sistema y evitar que cada incremento salarial se traduzca en una ola inflacionaria.
Salarios regionales: una discusión necesaria
Otro debate ineludible es el de los salarios mínimos regionales. Colombia es un país profundamente heterogéneo. El costo de vida en Bogotá, Medellín o Barranquilla no es comparable con el de regiones intermedias o rurales. Sin embargo, el salario mínimo es el mismo para todos.
Un esquema regional permitiría ajustar los salarios a la realidad económica local, incentivando la formalización y atrayendo inversión hacia zonas con menor desarrollo. Países que han avanzado en esta dirección han logrado reducir el desempleo regional y mejorar la competitividad sin sacrificar protección laboral.
Lejos de precarizar el empleo, un modelo bien diseñado podría generar más oportunidades, mayor formalidad y un crecimiento más equilibrado del territorio.
Una reflexión final
El debate sobre el salario mínimo no debería abordarse desde la emoción ni desde el cálculo político de corto plazo. Todos queremos mejores ingresos y mayor bienestar para los trabajadores. Pero subir salarios por decreto, sin respaldo productivo, termina siendo una solución aparente que traslada los costos al conjunto de la economía.
El verdadero desafío está en crear las condiciones para que los salarios crezcan de manera sostenible: más productividad, más inversión, menos informalidad y un marco regulatorio que incentive, en lugar de castigar, la creación de empleo formal.
Colombia necesita un debate serio, técnico y responsable sobre su política laboral. No se trata de congelar salarios, sino de construir un sistema que premie el trabajo, fomente la productividad y genere crecimiento real. Solo así el aumento del salario mínimo dejará de ser un acto político anual y se convertirá en el reflejo natural de una economía que avanza.
Fuentes consultadas (consultadas el 2 de enero de 2026):
Decreto salario mínimo 2026: Pluxee, Enlace, YouTube, Buk, ConsultorSalud.
Topes VIS/VIP: Instagram, Infobae, El Colombiano, W Radio, Instagram.
Inflación Colombia 2025: DANE, W Radio, Presidencia, Bloomberg Línea, Corficolombiana.
Tasa intervención Banco República: Banrep, Yahoo, Banrep, Instagram, Valora Analitik.
Tasa usura enero 2026: El Tiempo, Ámbito Jurídico, Infobae, Banrep, CR Consultores.
Sector construcción: Camacol, Bancolombia, Yamingenieria, Vivienda, Norventas.
Datos comparativos: FMI, Banco Mundial, OCDE, Statista, Trading Economics, Heritage Foundation.
*Banquero de inversión y profesor de finanzas
