Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
¿Qué tiene que ver la Andi —un gremio con más de 80 años de historia, que agrupa a 1.600 empresas y genera buena parte del empleo formal del país— con la detención de una flotilla de activistas rumbo a Gaza?
Nada. O casi nada. Pero en la Colombia que vivimos, del realismo mágico político, donde se construyen universos paralelos desde la Casa de Nariño, la lógica parece haber sido reemplazada por el cálculo y la manipulación.
Sectores cercanos al Gobierno —incluso contratistas— decidieron convertir la tragedia humanitaria que se vive en el Medio Oriente en una excusa para atacar a la Andi. No hay conexión racional, solo oportunismo. Se instrumentaliza un drama ajeno como excusa para confundir a los jóvenes indignados, dividir al país entre “buenos” y “malos”, y poner —una vez más— del lado de los “malos” a quienes el presidente Petro considera sus enemigos: los empresarios.
Los manuales de propaganda enseñan que cuando un gobernante está acorralado puede sobrevivir creando un antagonista al que pueda culpar de todos los males. Esa es la estrategia que hoy parece desplegar Gustavo Petro: primero fue la Andi; el martes, incluso, ‘mandó’ a los manifestantes a la embajada de Estados Unidos.
Y uno no puede evitar preguntarse —con cierta vergüenza ajena— qué pensarían las víctimas de Gaza si supieran que, a miles de kilómetros, un presidente latinoamericano usa su situación como pretexto para manipular a la gente que está adolorida por su tragedia y los utiliza para dar sus peleas locales.
No se trata de restar importancia a lo que ocurre en Gaza. Es una crisis humanitaria devastadora, que duele y debe dolernos. Pero una cosa es solidarizarse con el pueblo palestino, y otra —muy distinta— es la utilización cínica de ese dolor para alimentar odios internos o debilitar la estructura económica del país. Eso, además de absurdamente torpe, es perverso.
Y más grave aún, cuando la incitación proviene del corazón de la Casa de Nariño. El hostigamiento contra la Andi, en Bogotá, Medellín y Cali, tras mensajes presidenciales alentando las manifestaciones, es altamente preocupante.
Lo que está en juego no es solo el nombre de un gremio. Es el derecho a disentir del Gobierno. Es la posibilidad de ejercer la crítica con datos y argumentos sin ser tachado de “golpista” o “esclavista”, como ha hecho sin reparos el presidente Petro al referirse a la Andi y a su presidente, Bruce Mac Master.
La tranquilidad que nos queda es que las cifras hablan por sí solas y demuestran que la estrategia de Gustavo Petro no le está funcionando. Según las encuestas más recientes, instituciones del país como las Fuerzas Militares (74,4%), la Iglesia católica (68,4%), la Registraduría (62,5%), la Policía (61,9%) y los empresarios (57,7%) gozan de mucha más confianza por parte de los colombianos que el propio presidente, quien apenas alcanza un 37%. La ciudadanía distingue entre las instituciones que sostienen la nación y el desgaste de un liderazgo atrapado en su propio relato.
La historia de la Andi y su aporte al desarrollo del país no pueden ser mancillados por los caprichos de un mandatario que confunde liderazgo con confrontación.
Ojalá no se trate de un ensayo de lo que viene en el ciclo electoral de 2026. Pero todo apunta a que sí: la estrategia oficial parece ser la radicalización. No puede pasarse por alto un hecho inquietante que no es ajeno a lo ocurrido con la ANDI: el lunes anterior, en varios puntos de Bogotá, vándalos dejaron decenas de fachadas cubiertas con mensajes de odio y amenazas explícitas. Mensajes como “Muerte a los burgueses” aparecieron en grafitis sobre edificios residenciales. Más la protesta del martes, apoyada por la Casa de Nariño, que produjo desórdenes en Medellín y Bogotá. ¿Qué debe interpretar la ciudadanía? No nos engañemos: no fueron hechos espontáneos ni aislados: evocan la sombra del 2021, cuando la violencia disfrazada de protesta dejó una profunda herida social y económica.
El tono beligerante, que se ha hecho costumbre desde el gobierno de Gustavo Petro, refuerza esa alarma. No se trata solo de discursos encendidos. La sustitución de símbolos patrios por banderas ajenas que ‘adornan’ el consejo de ministros, la glorificación de la “guerra a muerte” y la insistencia en la “sangre” como metáfora política hablan de un deterioro institucional inédito. En un país donde un candidato presidencial fue asesinado —y donde el propio Presidente ha torpedeado la investigación con teorías conspirativas—, ese tipo de retórica es inaceptable y peligrosa.
Lo que ha pasado con la Andi no puede verse como un episodio menor: es una advertencia. Las fuerzas civiles, los gremios, los medios y la ciudadanía deben alzar la voz. Defender el derecho a la crítica no es una concesión: es una obligación democrática.
Colombia no puede acostumbrarse al caos como estrategia ni a la intimidación como método político. El silencio ante el hostigamiento de hoy puede convertirse en complicidad frente al autoritarismo de mañana.
Hacemos un llamado a que el mundo entero esté alerta a lo que sucede en Colombia.