Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Cualquier persona atenta a lo que ocurre en el mundo ha visto cómo en las últimas décadas el crimen organizado y la violencia se han extendido por América Latina de manera exponencial. Ahora, un informe del Banco Mundial (BM) alerta sobre cómo este fenómeno constituye la barrera más grande para el desarrollo y posiciona a la región, por esta razón, como la de menor estimación de crecimiento en el mundo.
Hay datos demoledores en el informe. A pesar de tener solo el 9 por ciento de la población mundial, en América Latina ocurre una tercera parte de los homicidios del planeta. Otro dato escalofriante es que 12 de los 15 mercados criminales mundiales son liderados en la región. Aquí se encuentran 43 de las 50 ciudades más inseguras del mundo y 17 de los 20 países con la tasa más alta de homicidios. Y dolorosamente hay que decir que, en esta región, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia sexual en su vida.
Las cifras por sí solas son un garrotazo para la región. Pero, no solo acaban con vidas sino que, según el informe del Banco Mundial, atajan el progreso. Latinoamérica crecerá apenas 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026, realidad que está claramente vinculada a la violencia que se agrava día tras día. La seguridad pública y la confianza en las instituciones se ven perjudicadas por la situación, al igual que la competitividad, porque la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad y la extorsión desenfrenada incrementan los costos de transacción para las empresas.
El crimen organizado es una lacra que prolifera rápidamente, no solo en Colombia donde el aumento del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc es preocupante, sino en toda la región los ilegales se convierten en una amenaza generalizada. La situación que vive Ecuador, tan ajeno hasta hace poco a fenómenos como el del narcotráfico, es claro ejemplo de ello. La violencia en Venezuela, el aumento del número de secuestros en Brasil y el conflicto extremo en México –además de nuestra propia realidad en Colombia– solo confirman lo que el informe denuncia.
De acuerdo con el reporte del BM, el crimen organizado se ha expandido más allá del narcotráfico, abarcando “la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego, la extorsión, la minería ilegal y los crímenes cibernéticos”. Las víctimas de homicidio superan las tasas de cualquier otro continente.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La creciente demanda mundial de productos ilegales, ciertas intervenciones gubernamentales –como la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro– que han reconfigurado las redes criminales y el gigantesco paréntesis de la pandemia del covid, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal era débil, hacen parte de esos factores que han contribuido al auge del crimen organizado.
Hay que comenzar por dar una nueva lectura a este triste fenómeno. Por muchos años América Latina se lo atribuyó a la falta de oportunidades económicas, y ese argumento se convirtió en sustento de varios grupos armados ilegales en los últimos 60 años. Pero también es cierto que varios países de África y de Asia han tenido cifras de pobreza y de falta de oportunidades iguales o peores que América Latina.
Es cierto que hay desigualdad, también que los empleos de calidad son escasos, y que se suma un contexto de violencia familiar y social que facilita el reclutamiento de jóvenes en organizaciones criminales. La ineficacia del sistema judicial hace brillar la impunidad en muchos países latinoamericanos, combinada con fragilidad institucional y fuerzas de seguridad débiles y poco estratégicas, contribuyen a crear el círculo vicioso de la violencia. Dentro de este sistema fallido, las cárceles están hacinadas, muchos reclusos pasan años sin ser sentenciados y en varios países los grupos criminales han tomado el control de los penales.
Por supuesto que todo esto se debe mejorar. Salir de este hoyo negro requiere fortalecer la capacidad del Estado mediante reformas policiales, mejoras en el sistema penitenciario y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Pero cada vez más se hace más urgente resetear la mentalidad de los colombianos y de los latinoamericanos: volver sobre la educación cívica y la cultura ciudadana.
El informe del Banco Mundial invita a impulsar políticas económicas que generen empleo y brinden alternativas reales a los jóvenes a través de mejor educación y formación profesional. Pero no mirando el asunto como un problema aislado, sino entendiendo que exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar experiencias y recursos colectivos.
No se pueden seguir postergando las reformas necesarias para frenar esta violencia que, en primer lugar, trae mucho sufrimiento a las familias, pero además impide el crecimiento económico y estanca el desarrollo. Coincidimos en que combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley, es una prioridad de desarrollo.