El cuestionado exalcalde de Medellín dijo que su hoja de vida está en consideración. La entidad, como el sistema de salud, está en crisis.
Hay rumores de que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sería el nuevo presidente de la Nueva EPS, hoy intervenida y en crisis. Ni el presidente Gustavo Petro, ni el ministro de Salud Guillermo Jaramillo ni tampoco Quintero han confirmado la noticia, pero desde la oposición han encendido las alarmas.
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El senador electo del Centro Democrático Andrés Forero hizo una publicación en sus redes sociales: “El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte. Para eso Petro levantará la intervención forzosa arbitrariamente e impondrá sus amañadas mayorías accionarias. En este Gobierno todo es susceptible de empeorar”.
Incluso, Forero dijo que es “increíble” que Luz María Múnera, superintendente de salud adhoc “acolite que ese cuestionado personaje llegue a la EPS más grande de Colombia” teniendo en cuenta que “vio lo que hizo Quintero en Medellín”.
En medio de su lista de investigaciones y procesos judiciales, el exalcalde y su círculo completan un total de 55 procesos por diferentes casos, algunos aún materia de investigación.
EL COLOMBIANO habló con fuentes de Nueva EPS, quienes negaron que la información fuera cierta. Desde el Gobierno también se dijo que por ahora no hay decisiones al respecto.
Tras el rumor, Quintero le dijo a revista Semana “no sé de dónde sacan esa información”. Luego, dijo:“A mí no me han ofrecido nada. Me han llamado varios medios de comunicación, no sé de dónde ha salido esa información”.
Y agregó: “Todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno Nacional de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”. E insistió en que no le han pedido hojas de vida.
Ante la pregunta de si legalmente puede aspirar a un cargo nacional por su participación en el Frente por la Vida, mecanismo que dice que debe apoyar a Roy Barreras, dijo:
“Tengo la restricción legal. No sé, no se me ha pasado por la cabeza. Tendría que averiguar cómo funciona eso en caso tal. Cómo me voy a poner a hacer consultas de cosas hipotéticas”.
Justo este miércoles se reanuda el juicio contra siete personas por la contratación de $18.000 millones entre Área Metropolitana (AMVA) y los bomberos de Itagüí.
Desde finales de 2025, Laura Mejía, exjefe del área logística del AMVA, se convirtió en testigo clave al revelar fotos, audios, chats y otros documentos sobre el entramado corrupto que habría operado en la entidad para controlar la contratación y cobrar coimas.
Esto, con la presunta participación de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del subdirector financiero del Área y Álvaro Villada. Los chats también denotarían la influencia de Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega.
EL COLOMBIANO confirmó que los dos nuevos testigos que han pedido pista serían el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González.
De hecho, el ex director del AMVA, Juan David Palacio, fue imputado por presunta corrupción en este caso. En medio del proceso, su defensor ha tratado de desmarcarlo de los cargos de interés indebido en celebración de contratos y peculado endilgando la responsabilidad en las dos subalternas que están enredadas con él en este caso.
Vale recordar que la Fiscalía los ha señalado a él y a otros funcionarios y contratistas de la administración Quintero de delitos relacionados con corrupción. Hasta ahora van 55 procesados.
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Hay de todo: secretarios y secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores y contratistas. Hay casos complejos, como el del lote de Aguas Vivas, con el que presuntamente Quintero y los suyos quisieron hacer millonarios a unos privados.
Otros casos son más escandalosos, como el del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, en el que también presuntamente quisieron favorecer a unos contratistas amigos; otros de una ingenuidad difícil de creer, pues firmaron contratos interadministrativos ya en vigencia de la ley de garantías.
Salvo por el caso de Aguas Vivas, donde es el principal imputado, Quintero no se ha molestado en ofrecer alguna explicación de esta oleada de investigaciones a las que tanto fiscales como jueces les han encontrado asidero, sino que se ha limitado a deslegitimar a la justicia, a asegurar, sin pruebas y más bien fraguando un relato de redes sociales como han hecho candidatos en otras partes del mundo como Donald Trump, acerca de que la justicia está politizada y que es un perseguido político.
Nueva EPS, con 11,5 millones de afiliados, no tiene reportes financieros desde el primer trimestre de 2024. En otras palabras, no existe información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del sistema.
La intervención venció este 3 de abril, pero el Gobierno no ha dicho quién está a cargo y han negado que vayan a levantar la medida.
Según el último informe de Así Vamos en Salud, una organización que le hace seguimiento y acompañamiento al sector en el país, la ausencia de esta información limita el análisis completo del sistema de salud y dificulta conocer la situación real de la Nueva EPS, lo que representa un riesgo para la estabilidad del sector, dado el tamaño de la entidad y el número de usuarios que atiende.
La entidad enfrenta un aumento acelerado en sus deudas, que pasaron de 6 billones de pesos en 2022 a cerca de 24 billones en la actualidad. A eso se suma un volumen superior a las 120.000 tutelas sin resolver.
De allí también se han conocido casos como el del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia. Según una investigación de la Procuraduría, el niño murió el pasado 13 de febrero debido a la negligencia de la Nueva EPS, que no garantizó la entrega del medicamento vital para su medicamento.
El 14 de marzo murió Javier Pinzón Sandoval, de 20 años, quien padecía leucemia linfoblástica aguda. También murió esperando a que la Nueva EPS le entregara su medicamento, que no le daban desde octubre de 2025.
Otro caso es el de Silvio Perafán, quien tenía 86 años y estaba afiliado al régimen contributivo de la Nueva EPS. Murió este 30 de marzo, esperando su tratamiento. Y hay más tragedias de este tipo que siguen repitiéndose en la entidad.
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