Sin embargo, la velada quedó marcada por la sorpresiva presencia de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo buscado por la justicia colombiana, por el entramado de corrupción en la Ungrd, quien recientemente recibió asilo por parte del régimen de Daniel Ortega.
Ante el revuelo generado, ya que este sujeto que tiene circular roja de Interpol, la Embajada de Colombia en Nicaragua se pronunció marcando una presunta distancia radical con la organización del evento en el que González fue visto bailando muy tranquilamente.
Según el comunicado, “el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento”, dejando en el aire la responsabilidad logística de una actividad que, paradójicamente, utilizaba el nombre y la marca del país.
La misión diplomática ha buscado reducir su rol al de un simple megáfono publicitario. Por eso, la delegación oficial aseguró que su intervención “se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.
Esta postura, al parecer, pretende desligar a los funcionarios de la Embajada de cualquier responsabilidad operativa sobre lo ocurrido dentro del teatro.
Pero el punto más crítico de la aclaración se centró en la figura de González, ya que es acusado de tres delitos en el país por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De esta manera, la Embajada destacó enfáticamente que “no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González”.
Con esta afirmación, el Gobierno intentaría ahora blindarse ante las críticas y señalamientos públicos que sugieren una posible cortesía diplomática hacia el exfuncionario asilado y que es buscado puntualmente por las autoridades colombianas.
¿Hubo falta de jurisdicción en el Teatro Nacional? La Procuraduría investiga
La defensa de la Embajada se apoyó vagamente en una cuestión de soberanía y competencias territoriales. Argumentaron que, al tratarse de un recinto extranjero, ni la misión ni su jefe tienen potestad sobre el acceso al lugar.
“La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”, dice en el texto.
Pese a este distanciamiento actual, la Embajada recordó que el Teatro Nacional ha sido el espacio habitual para su agenda cultural durante el año, con actividades como conciertos y lecturas de escritores reconocidos, como parte de un “compromiso sostenido” con la marca país.
No obstante, quedó en el aire la veracidad de la Embajada colombiana, ya que tras la polémica prefirió definir la ‘Noche Vallenata’ como un evento ajeno donde la presencia de un prófugo de la justicia fue un factor fuera de su control.
Por esta razón, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció una investigación exhaustiva contra los presuntos funcionarios de la Cancillería que al parecer habrían organizado este evento en el teatro de Nicaragua.
“Podría haberse cometido una falta disciplinaria por parte de servidores públicos en servicio, es decir, de la Cancillería y la Embajada. Actualmente, se está determinando quiénes estuvieron presentes, quién hizo las invitaciones y quién dio la orden”, concluyó Eljach públicamente ante los medios.
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