El registrador Nacional, Hernán Penagos, reveló este miércoles el costo económico que tendría la consulta popular que promueve el Gobierno de Gustavo Petro y que será decidida por el Senado la próxima semana.
Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral en el Congreso sobre los procesos electorales de 2025 y 2026, el funcionario aseguró que entre $700.000 y $750.000 millones costaría esta consulta si es aprobada por el Senado.
Penagos aseguró que este es el valor estimado para este mecanismo, que es muy similar a lo que se necesita para llevar a cabo las consultas interpartidistas previstas en el mes de octubre.
“Es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, o uno o 500 mil, se debe preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos”, señaló.
El registrador aseguró que da “pesar” que se gaste tanto dinero en la consulta y vuelva a suceder, “como ha ocurrido en el pasado, que voten 400 o 500 mil personas”, pero enfatizó en que la Registraduría no puede prever esa situación.
Agregó en sus declaraciones que, por estos altos costos, utilizan la economía de escala que significa “mirar que aprovechamos de las elecciones anteriores, bajamos el número de mesas y destinamos más votantes por mesa para ahorrar por mesas que cada una cuesta”.
Entre otros temas de seguridad en las elecciones, el registrador anunció su propuesta para la integración de un organismo interinstitucional que luche contra el delito electoral.
“Hablé con Luz Adriana Camargo, la fiscal general, para activar la Comisión de Política Criminal Electoral y la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales para poder actuar rápido y con el suficiente tiempo para temas como, por ejemplo, la trashumancia o popularmente conocido como el trasteo de votos”, afirmó.
Asimismo, anunció que ya se está trabajando con el Ejército y la Policía, dado que se tienen identificados los municipios que tienen circunstancias de seguridad importantes para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto.
“Si se hace presencia institucional y una tarea con tiempo, tendremos unas elecciones íntegras y transparentes”, aseguró el registrador de cara a las presidenciales del 2026.