A partir de una demanda presentada por el abogado Ramiro Bejarano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro, ordenándole rectificar y abstenerse de seguir difundiendo acusaciones de fraude electoral mientras no existan pruebas que las respalden. Tras conocerse la decisión, el mandatario respondió que no se retractará, al considerar que hacerlo sería “arrodillarse”.
En diálogo con este diario, Bejarano sostuvo que el jefe de Estado actúa como un “emperador”, al desconocer decisiones de jueces y magistrados.
¿Por qué es grave que el presidente diga que no va a cumplir el fallo?
“La manifestación del presidente acerca de que no va a cumplir el fallo, que no se arrodilla y que invoca su objeción de conciencia es una grosería contra el Estado de derecho, porque lo que el fallo le ha dicho es: ‘mire, señor presidente, lo que usted ha dicho acerca de los supuestos fraudes no ha ocurrido. Esos fraudes no han existido’. Y, además, le ha dicho el fallo: ‘usted tiene derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión del presidente de la República y de los funcionarios públicos no es absoluta’”.
¿Qué límites tiene el presidente al hablar de fraude electoral?
“El presidente puede expresar su discrepancia, su opinión sobre algún suceso; pero, cuando va a hacer afirmaciones tan graves como que el proceso electoral es fraudulento, que están haciendo fraude o que va a haber fraude, no puede hacerlo sin pruebas, porque lesiona los derechos de terceros. Cuando el presidente dice que invoca la libertad de conciencia, eso es un disparate superior. La libertad de conciencia es el derecho de toda persona a pensar, creer y formar sus convicciones íntimas sin ser obligado por el Estado. Esto incluye la libertad religiosa o la posibilidad de negarse a hacer algo contrario a sus principios, como el servicio militar o, en el caso de un médico, practicar abortos. Pero no da derecho a hacer lo que se quiera sin límites, ni a violar la ley o afectar los derechos de otros”.
¿Qué efectos tienen esas afirmaciones en el país?
“Cuando un presidente sale y dice que hay fraude, afecta la credibilidad del proceso electoral, la moralidad administrativa y causa daño a la comunidad. La objeción de conciencia no es una inmunidad frente a la ley; existe, pero debe estar justificada y está regulada o limitada. La libertad de conciencia termina donde empieza la de los demás. El presidente no puede decir que hubo fraude porque el Consejo de Estado dijo que la Registraduría tenía que comprar un equipo, cuando eso nunca ha ocurrido, y así se lo señalan en la providencia”.
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¿Que la justicia le ponga límites al presidente evidencia un exceso de poder en su forma de gobernar?
“Es una buena señal para la democracia. Que la justicia le diga al presidente “usted puede opinar, pero no puede mentir ni exceder los límites” demuestra que hay controles funcionando. El doctor Gustavo Petro cree que el presidente es un emperador, porque él ejerce una especie de presidencia imperial, que él puede decir lo que quiera sin pruebas, como le parezca en gana, y que eso tiene que ser obligatorio. Y, además, lo peor, que no cumple las providencias judiciales. Eso es tan absurdo como si los ciudadanos dijeran: “mire, a mí no me gusta pagar impuestos y, entonces, ejerzo la objeción de conciencia para no pagar impuestos”.
Si el presidente no cumple, ¿quién puede ponerle freno?
”Por ejemplo, la Comisión de Acusación. Pero él sabe que no tiene quién lo juzgue. Sin embargo, hay otros mecanismos: con base en esta sentencia se le puede pedir a un organismo como RTVC que se abstenga de emitir afirmaciones del presidente que violen la decisión judicial. También la Procuraduría podría imponer sanciones a funcionarios que difundan esas apreciaciones, porque se hacen partícipes de la violación de la ley”.
¿Qué hay detrás de estas afirmaciones sobre fraude?
¿Eso representa un riesgo para el país?
”Sí, por supuesto, porque pone en duda la confianza legítima que el ciudadano debe tener en las autoridades”.
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