La exsecretaria María Camila Villamizar, una de las más fieles escuderas del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, tiene por lo menos tres contratos simultáneos y activos con el Gobierno Nacional por un valor de $35 millones al mes.
La situación fue denunciada por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien cuestionó por qué los aliados del exalcalde siguen siendo contratados por varias entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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“Veníamos denunciando cómo los aliados del imputado Daniel Quintero se repartían el botín, ¡y hoy lo seguimos ratificando con pruebas en mano! No fue uno, ni fueron dos... ¡FUERON TRES! ¡En 2026! Tres contratos simultáneos con el Estado para la señora María Camila Villamizar”, expresó el corporado.
El concejal soportó su denuncia pública en un certificado que aparece firmado por la exsecretaria y enviado al director de Gestión Corporativa del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) en Bogotá, Andrés Felipe Barney Berrío.
En la documentación, en la que Villamizar dejó constancia de sus contratos “bajo gravedad de juramento”, precisó que los mismos están bajo la modalidad de prestación de servicios y están firmados con tres entes: el Inpec, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).
En cuanto a la certificación de Villamizar, reseña que se trata de un contrato por un valor de $7 millones mensuales, que comenzó a ejecutarse el 29 de enero de este año y tiene su fecha de terminación proyectada para el 28 de marzo de 2026.
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En el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aparece un valor mensual de $13,7 millones, que comenzó a ejecutarse el 16 de enero de 2026 y tiene una fecha de terminación proyectada para el 31 de diciembre de 2026.
El contrato de mayor cuantía es el de la Ugpp, que en el certificado aparece con valor mensual de $14,7 millones, una fecha de inicio del 22 de enero de 2026 y una terminación para el 21 de julio de 2026.
La contratación despertó un fuerte debate sobre la pertinencia de la vinculación de Villamizar a esas entidades, sobre todo por tratarse de una de las figuras más cuestionadas durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, entre 2020 y 2023.
Nombramientos en EPM y vigilancia de la caja menor: las denuncias sobre Villamizar
Cabe recordar que la alta exfuncionaria empezó a ser señalada en el interior de Empresas Públicas de Medellín (EPM) como una de las puntas de lanza de esa administración para tomarse políticamente esa entidad, en donde incluso fue denunciada por abuso de autoridad y supuesto tráfico de influencias.
Durante la corta gerencia de Álvaro Guillermo Rendón en EPM, quien salió peleado con Quintero y en desacuerdo con que se pusiera en riesgo a Hidroituango cambiando a sus constructores, Villamizar fue señalada de enviar hojas de vida de personas cercanas al proyecto político del exalcalde para acomodarlas en la entidad.
Sindicatos de EPM describieron entonces la situación como una “toma hostil”, en la que múltiples personas estaban siendo vinculadas a la entidad presuntamente siguiendo más criterios políticos que técnicos.
En Telemedellín también fue señalada de estar detrás de las presiones sobre una exgerente que terminó siendo apartada de su cargo, antes de que esa entidad se viera involucrada en denuncias por contratos presuntamente irregulares.
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Tras la salida de Esteban Restrepo de la Secretaría de Gobierno, por los días de la campaña a la presidencia hace cuatro años, Villamizar llegó a ocupar esa cartera.
A mediados de 2025, la Procuraduría General de la Nación vinculó a la exfuncionaria a una investigación disciplinaria para esclarecer su participación en el escándalo de la caja menor o los fondos fijos de la Alcaldía, en el que Quintero es señalado de disponer de un fondo de urgencias y gastos de trabajo para costearse constantes cenas en restaurantes de lujo, compras en supermercados, entre muchas otras cosas, superando incluso su salario como alcalde.
Dado que, dentro de sus funciones como secretaria Privada, Villamizar tenía la obligación de vigilar que esos recursos fueran correctamente empleados, el Ministerio Público ordenó vincularla a la investigación.
Otra de las controversias sonadas que involucraron a Villamizar fue que, poco después del cambio del gobierno, en 2024, se mantuvo en un cargo en el que fue nombrada en EPM desde diciembre de 2022 –directora de Gestión Relaciones Gobierno Nacional.
Dado que su condición era la de trabajadora oficial, junto a otros 12 altos cargos fue removida por el nuevo gobierno, pero resultó beneficiaria de una millonaria indemnización.
“¿Se acuerdan de quién lideró la toma hostil de EPM y estuvo en el ojo del huracán por los fondos fijos y los nombramientos en Ruta N? La misma que casi no sale de EPM. Pues ahí la tienen, asegurando su “agosto” en pleno 2026 con una chequera que pagamos todos nosotros”, añadió por su parte De Bedout.
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