El Gobierno Nacional se alista para agitar el modelo de servicios públicos en Colombia con un proyecto de ley que podría transformar el sistema de subsidios de energía y la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, este borrador de proyecto busca asegurar el criterio focalizado en el acceso a los subsidios, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema energético e independizar el cobro de la energía de otros servicios, exceptuando aquellos municipios donde se cobran conjuntamente aseo, saneamiento básico o alcantarillado.
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Asimismo, plantea garantizar la estratificación correcta y diseñar mecanismos tarifarios especiales que impulsen la industrialización del país a partir de fuentes de energía limpias. Sin embargo, estas propuestas no han estado exentas de polémicas y críticas por parte de algunos gremios.
Le explicamos punto por punto de qué se trata.
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A. Deuda de la opción tarifaria sería asumida por estratos altos
Esta propuesta plantea que la deuda asociada a la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 sea asumida por los estratos 4, 5 y 6, así como por los sectores industrial y comercial. Esta iniciativa surgió en marzo pasado, tras el anuncio del aplazamiento de $12 billones contemplados en la Ley de Financiamiento.
“La Creg, en un término no superior a un mes, definirá los mecanismos necesarios para la asignación de los saldos de opción tarifaria, calculados al corte de la entrada en vigor de la presente ley. Asimismo, deberá determinar la responsabilidad de su cálculo, liquidación, recaudo, balance y redistribución entre agentes”, se lee en el documento.
Esta medida no superará los 15 años y aplicará a todos los comercializadores del mercado de energía eléctrica que atienden usuarios residenciales y no residenciales regulados.
Frente a este punto, gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) han manifestado que no lo consideran viable.
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“La deuda que cada usuario mantiene con su empresa distribuidora o comercializadora de energía es individual. Es como si yo te dijera que tienes que pagar la deuda de tu vecina porque eres de un estrato más alto. Eso no tiene mucho sentido”, señaló Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, en entrevista pasada con este diario.
Agregó que “hemos pasado de un mensaje inicial del presidente Gustavo Petro, en el que se anunciaba que el Gobierno asumiría la totalidad de la deuda por la Opción Tarifaria, a una postura en la que solo se cubrirá a los estratos 1, 2 y 3. Pero ahora ya ni siquiera se financiará mediante la titularización de la deuda, sino que se plantea que sean otros usuarios quienes asuman ese costo”.
B. Aplicación de subsidios de energía focalizados
La medida busca asignar los subsidios de manera focalizada a los usuarios que lo necesiten, y que quienes tienen mayor capacidad de pago contribuyan de manera solidaria.
Para esto, el MinEnergía, o la entidad que este designe, deberá expedir la reglamentación necesaria para evaluar la continuidad del subsidio al servicio de energía eléctrica para los hogares de los estratos 1, 2 y 3 que registren consumos superiores al promedio mensual de los usuarios no subsidiados.
Es decir, para aquellos que superen el consumo de luz mensual de los usuarios de estratos no subsidiados.
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Asimismo, cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia, deberá reasignarse su estrato a uno sujeto a contribuciones.
Para esto, según la cartera, se establecerá un periodo de transición no mayor a seis meses previos a la entrada en vigencia de la ley, dando oportunidad a los usuarios que actualmente se benefician del subsidio para que ajusten sus consumos.
Durante el periodo de transición, las empresas que prestan el servicio de energía a usuarios con subsidios deberán hacer ajustes en las viviendas o en los sistemas de medición donde varios hogares comparten un mismo medidor. El objetivo es evitar errores que puedan dejar por fuera a personas que sí necesitan el subsidio.
¿Qué se hará con el dinero que se ahorre en subsidios? Los recursos deberán destinarse a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a financiar proyectos relacionados con la transición energética.
En este punto también se incorporó que, en las facturas que incluyan varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, permitiendo que puedan pagarse de manera independiente, únicamente con excepción de aseo y otros relacionados con el saneamiento básico. Las sanciones por falta de pago solo aplicarán al servicio que no se haya cancelado.
Adicionalmente, en la factura del servicio de energía no podrán cobrarse tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio.
C. Las empresas públicas deberán priorizar la compra de la energía para sus usuarios a través de contratos de largo plazo
Con el fin de promover la estabilidad tarifaria, reducir el impacto de la volatilidad de precios para los usuarios, mitigar los efectos de la variabilidad de los aportes hídricos y del cambio climático en el mercado regulado, la cartera busca establecer mecanismos en desarrollo de la política pública, a través de contratación de energía.
Entre lo que se plantea está limitar la exposición de los usuarios regulados atendidos por empresas públicas o grupos empresariales del Estado; aumentar los niveles de contratación de energía; implementar mecanismos que garanticen la confiabilidad del servicio y la estabilidad tarifaria; y reducir el sesgo en la venta de energía para la demanda regulada, mediante la adopción de mecanismos estandarizados para la compra de energía por parte de las comercializadoras que atienden a estos usuarios.
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“Los mecanismos de estabilización tarifaria adoptados por el Ministerio deberán orientarse a la reducción de tarifas para el usuario regulado, incluyendo el establecimiento de esquemas tarifarios diferenciales para usuarios vulnerables que permitan trasladar beneficios de manera progresiva de los usuarios de mayor capacidad de pago hacia los demás usuarios”, señala el proyecto de ley.
D. Reforma a la composición de la Creg
El borrador también plantea una transformación profunda en la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que actualmente opera con solo cuatro de los seis expertos que exige la ley, situación que ha limitado su funcionamiento.
El nuevo modelo contempla la conformación de la comisión con cinco expertos técnicos en energía, como hasta ahora, y la inclusión de tres nuevos representantes: uno por la academia (designado por el presidente), uno en representación de los usuarios y otro de los sindicatos (ambos seleccionados mediante concurso público).
Asimismo, se eliminan las posibilidades de reelección, se flexibilizan los requisitos de acceso al cargo y se reducen los años de experiencia exigidos. Por ejemplo, ya no será indispensable tener un título profesional en economía, derecho, administración o ingeniería; bastará con contar con un posgrado relacionado con el sector energético.
E. Criterios especiales para regulación de tarifas de servicios públicos
Las comisiones de regulación, los prestadores de los servicios, los usuarios y los demás agentes del sector deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. En todos los servicios y sus actividades complementarias se podrán cobrar cargos que estén orientados al cumplimiento de fines solidarios y redistributivos, respetando el principio de recuperación de costos.
2. Cuando un activo cumpla su vida útil regulada y el mismo haya sido remunerado en su totalidad, solo se podrá remunerar su costo de oportunidad y costos de operación, si se garantiza eficiencia, continuidad, cobertura y calidad, en ningún caso se podrá volver a remunerar su inversión.
3. Los aportes o bienes entregados por entidades públicas a las comunidades organizadas para su implementación y funcionamiento tendrán un cálculo diferencial para el cobro de la tarifa a sus usuarios.
4. Las actividades de los servicios públicos domiciliarios que tengan un régimen de libertad vigilada, libre competencia o en general no tengan una tarifa regulada, serán objeto de una evaluación de costos, por parte de la Comisión de Regulación respectiva, con la misma periodicidad de la vigencia de la fórmula tarifaria.
Las críticas al proyecto
Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco y también del Consejo Gremial Nacional, el Gobierno se equivoca al plantear esta iniciativa y advirtió que “malas decisiones resultan en más costos para los más pobres”.
El líder gremial solicitó al Gobierno que tenga en cuenta experiencias pasadas en las que se ha tratado de bajar tarifas a través de leyes, las cuales no han salido de la mejor manera.
Agregó que “cuando hemos hecho leyes para bajar tarifas han sido un fiasco y en los países donde se ha hecho no ha dado resultado. Aquí no podemos poner en riesgo la suficiencia financiera a las empresas si no queremos tener apagones. Y repito, Colombia está a puertas de tener esos apagones no porque queramos, sino porque también ha faltado ese liderazgo”.
En cuanto a soluciones, Sánchez planteó que el primer paso debe ser depurar el sistema y excluir a quienes no cumplen con los requisitos para recibir subsidios en los estratos 1, 2 y 3.
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También hizo un llamado al Gobierno y al MinEnergía para que exista una voluntad real de trabajar en propuestas estructurales, pero que sean viables y aplicables.
Finalmente, advirtió sobre la importancia de no crear falsas expectativas con proyectos de ley que, en la práctica, según dijo, tienen pocas posibilidades de salir adelante.
El borrador del proyecto de Ley está abierto para comentarios en este enlace.
