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Las cosas van mal en América. De norte a sur. Lo dicen los analistas y lo escuchamos con frecuencia en los medios y quizá por eso es que la anomalía se nos ha transformado en normalidad. Ya no nos inquietan como deberían los índices de pobreza que no ceden o la violencia que retorna o los discursos que amenazan y dividen desde lo más alto del poder. Pero cuando la inercia parece tomar control de la realidad política, se prenden de nuevo las alarmas: sale un estudio, riguroso, y nos enseña en cifras que no hay por qué volver cotidiano el horror.
Es lo que ocurrió la semana pasada con la publicación del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo encargado de este asunto al interior de la OEA. La CIDH, en su análisis del 2024, revela que en el hemisferio se vive una era crítica para los derechos humanos con el agravante, insiste, en que el sistema de multipolaridad es débil e incapaz de luchar por la defensa de los menos favorecidos. La democracia liberal, como la hemos conocido a lo largo de los últimos 80 años, está en riesgo y los espacios de discusión y libertad de expresión son cada vez más estrechos. La amenaza al sistema viene, para mayor angustia, desde gobiernos que son elegidos democráticamente, pero una vez en el ejecutivo radicalizan su discurso, difuminan las barreras entre la separación de poderes, y minan los valores que en un primer momento juraron proteger. El Salvador de Nayib Bukele o la Venezuela de Nicolás Maduro -a pesar de estar en los extremos contrarios del abanico ideológico- son expuestos por la CIDH como ejemplos del deterioro.
Otro tema en el que el organismo hace énfasis es la migración. Las arengas políticas que perfilan la figura del migrante como una amenaza y lo definen como un delincuente al que hay que combatir, sumadas a las complejas realidades sociales y económicas de muchas naciones en Centro y Suramérica, desembocan en nuevos flujos de desplazados que no encuentran protección ni en su lugar de origen ni en su destino.
El informe no tiene en cuenta, por temporalidad, el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Si a los problemas que acabamos de enumerar le agregamos esta variante y la consolidación de cuatro años de políticas aún más radicales en temas como la migración o la disminución del apoyo a organismos multilaterales que pretenden defender los derechos humanos, el panorama se hace más oscuro.
El anuncio de lo sabido, lejos de influir pesimismo, debe ser el paso inicial para la solución. La radiografía de la CIDH enseña un retroceso ocasionado por distintos signos políticos y aunque desde cada esquina la culpabilidad pretenda endilgársele al oponente, la paradoja es que la crisis nace allí. En la división. En los radicalismos de dos bandos que pretenden fortalecerse mientras atacan al otro y lo deshumanizan.
