Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
“La mini reelección del presidente Petro es el primero de mayo, en la marcha que se va a hacer, y en la consulta popular, una vez pase en el Senado de la República”, esta afirmación del Ministro Benedetti en Yopal el pasado 25 de abril, confirma que la verdadera motivación del Gobierno para promover la consulta popular es hacer campaña política.
Es importante aclarar que si bien, la consulta es un mecanismo de participación ciudadana, constitucional y legal, en este caso tiene otra finalidad, como lo advirtió, en reciente entrevista, el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, “no toda consulta al electorado es democrática. En este escenario, la consulta deja de ser democrática y es, por el contrario, una expresión autoritaria”.
Y lo es, porque Petro lo que busca es burlar la división de poderes, y los pesos y contrapesos, pasando por encima de una decisión que en uso de sus facultades tomó el Senado, cuando archivó la reforma laboral. Esto se suma al sistemático hostigamiento al Congreso, a la cooptación a través de amenazas o prácticas corruptas, y a los cantos de cierre al Legislativo de algunos de sus seguidores.
Por ello, de nada han valido los llamados a la austeridad y a evitar el despilfarro de $750.000 millones, que según estimaciones del Registrador Nacional cuesta la consulta; ni los informes de la Mesa de Empleo y Productividad, que agremia a más de 25.000 empresas, y advierte el riesgo de inestabilidad jurídica y de afectación a la confianza inversionista; ni las alertas del Banco de la República sobre la pérdida de más de 450 mil empleos formales en los siguientes tres a cuatro años, debido, principalmente, a los aumentos en los costos salariales, que se estima entre 3,2% y 10,7%. Esto, a su vez, representaría un aumento de 2,1% en la tasa de informalidad laboral, que según el DANE, en el primer trimestre de este año está en 57,2% lo que representa un aumento en 974.000 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las preguntas son un dulce envenenado. Acaban el contrato sindical que es una forma constitucional, legal y franterna de relacionamiento entre empresarios y trabajadores. Plantea beneficios como incrementos salariales por recargos nocturnos, dominicales y festivos, pero solo aplica para el 30% de los ocupados formales (7,1 millones de trabajadores), dejando por fuera a más de 13 millones de informales. Además, según Fedesarrollo, el aumento promedio en la remuneración anual sería de apenas entre 1,2% y 3,3%, un efecto marginal frente al enorme costo económico que representa la reforma.
En la actualidad en Colombia 99,5% de las empresas son mipymes que generan casi el 80% del empleo y el 40% del PIB; de las empresas formales, más del 85% son microestablecimientos que no podrán absorber estos costos sin reducir personal o cerrar operaciones.
Así, la realidad del mercado laboral y la excesiva presión tributaria sobre el empresariado hacen que la consulta popular no solo sea inconveniente desde lo político, sino regresiva desde lo laboral, lo social y lo económico. El Senado de la República tiene en sus manos la responsabilidad de contener el autoritarismo presidencial y evitar que una consulta populista y politizada termine condenando a millones de colombianos a la precariedad.
