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El gobierno de Petro pasará a la historia, entre muchas razones negativas, por querer desfigurar la historia de Colombia y buscar acomodarla a sus intereses. Bien sea para distraer o porque realmente así lo quieren —pueden ser ambas—, el Ejecutivo parece estar empeñado en avanzar en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Vale la pena mirar hacia atrás para recordar las causas y el movimiento que impulsaron la Asamblea de 1991, y cómo esta situación difiere diametralmente de las circunstancias actuales.
A finales de los años 80, el país estaba sitiado por el narcotráfico y por guerrillas que ganaban fuerza y control del territorio. Las bombas sembradas por los mafiosos retumbaban en lugares inesperados. Asimismo, los sicarios de estas organizaciones sembraban miedo y sensación de control ante una fuerza pública que apenas podía responder a las múltiples amenazas. Las guerrillas urbanas innovaban criminalmente con la toma de una embajada y del Palacio de Justicia. En la ruralidad, guerrillas que aumentaban en poder y capacidad golpeaban con determinación bases militares y puestos de policía. Además de todo, los secuestros de políticos y figuras representativas eran el pan de cada día.
En medio de ese estado de desasosiego, y con el ánimo de buscar una salida a la violencia, grupos cívicos integrados por estudiantes de diversas universidades proponían la creación de una nueva Constitución que interpretara mejor la realidad nacional, abriera la puerta a nuevas voces en la política y generara consensos para cohesionar al país en medio del estruendo de las bombas, los secuestros y los asesinatos.
Esta iniciativa juvenil, extrañamente alegre y optimista en un momento gris de la realidad nacional, brotaba de conversaciones en los pasillos universitarios y del entusiasmo de jóvenes que se sumaban voluntaria y pacíficamente. Colombia es un país de contrastes, y este era uno de ellos. La capacidad de los universitarios se volvió contagiosa; la sociedad entendió y respaldó el mensaje de la Séptima Papeleta, que luego sería depositada en las urnas e interpretada por la Corte como una expresión ciudadana para escribir una nueva Constitución Política, con mayor pluralidad y que interpretara mejor las circunstancias de la Colombia del siglo XX.
Esta historia, que vale la pena repasar especialmente en colegios y universidades, es la que el presidente y sus ministros quieren desfigurar al proponer una nueva Constitución que solo obedece a sus intereses y que, contrario a la del 91, proviene del poder y no de la sociedad. Contrario también a la idea de mayor diversidad en voces y visiones políticas, lo que Petro y su gobierno pretenden es una mayor concentración de poder y la capacidad de imponer su visión del país con menos contrapesos, a los que ellos consideran un “bloqueo institucional”.
No permitamos que la mentira se materialice en cambios esenciales que pongan en riesgo lo que hemos conseguido como país, ni que el equilibrio y el consenso logrados sean sacrificados por deseos autocráticos cuya finalidad es incierta.
