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Ana tiene 24 años, vive en el Municipio de Necoclí - Antioquia. Recibió una llamada de Carlos, amigo de la infancia que vive hace varios años en Medellín. Carlos le propone viajar a la ciudad, para trabajar en un bar del Poblado. Le dice: “Es sencillo, solo tenes que sentarte con los extranjeros que lleguen al bar, les pones conversa, sonreís, y haces que pidan los tragos más caros del bar y ya está. Te envío el pasaje de bus y acá tenes el hospedaje”.
Ana sin pensarlo, decide viajar, creyendo que podía ser una oportunidad para enviar dinero a su hija de 5 años. Lleva más de 8 meses siendo explotada en un bar; trabaja más de 12 horas al día, recibe todo tipo de propuestas - incluyendo sexuales que, muchas veces, acepta para obtener dinero que debe pagar en hospedaje y alimentación que adeuda por su estadía en el lugar. Los dueños del negocio usan la deuda como mecanismo de coerción para sostener la situación de explotación a la que es sometida.
Estos hechos configuran el delito de trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, con fines de explotación (por ejemplo: explotación sexual) incurre en el delito, sin que exonere de responsabilidad penal, el consentimiento de la víctima.
Las víctimas creen que aceptar una oferta de trabajo y dar su consentimiento, no los hace víctimas, a su vez las autoridades creen equivocadamente que, si la prostitución no es delito en Colombia, tampoco es delito, que una mujer, viaje voluntariamente a la ciudad, a “trabajar” como “dama de compañía”. Lo que desconocen, es lo que se esconde detrás: la vulneración de derechos fundamentales a la libertad, a la autonomía y a la dignidad de estas mujeres, que se vuelven esclavas de proxenetas que inducen a la prostitución y se benefician del crimen.
Según el último informe del Ministerio del Interior, en lo corrido de 2025, en Colombia se han reportado 277 víctimas de Trata de personas, de las cuales, la mayoría está entre los 27 y 59 años, un 79,30 % son mujeres y el 60,9 % tuvo como finalidad la explotación sexual. Estas cifras vienen en aumento.
Para expertos forenses, una de las causas que incrementa la vulnerabilidad frente a la trata de personas y explotación sexual, es la interrupción escolar, el bajo nivel educativo y la carencia de formación técnica o empleo digno, que hacen que cualquier oferta de trabajo parezca ventajosa.
Si no denunciamos este tipo de conductas, seguiremos normalizando el delito, si no se levantan informes de policía, seguiremos permitiendo que las redes de trata de personas, se sigan enriqueciendo a costa del crimen silencioso. Las acciones articuladas permiten prevenir, proteger y garantizar los derechos de las víctimas.
El pasado 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de personas, un delito silencioso que a las autoridades y a las víctimas aún les cuesta reconocer.
Pd. Esta columna está dedicada a mi amiga Claudia Yurley Quintero, Activista, Psicóloga y sobreviviente de explotación sexual.
*Los nombres reales han sido cambiados en este texto.
