La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) lleva 2.703 días –más de 7 años– de funcionamiento y todavía no emite una sentencia contra los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Este 1 de agosto la justicia especial logró, por primera vez, el cierre de un proceso judicial. Realizó la audiencia de verificación en la que alistó los detalles para emitir la primera sanción contra los miembros del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en el macrocaso de secuestro.
Aún con el hito, la JEP no deja de recibir críticas que vienen desde otras autoridades, las víctimas y hasta los propios comparecientes frente a la aparente lentitud de la institución para darle trámite a los pedidos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“El país y la comunidad internacional nos reclaman las sentencias. Sí, son una consecuencia, pero hemos tomado el tiempo necesario para lograr el objetivo de escuchar. Este es un momento histórico en el diseño de la justicia colombiana, donde las víctimas tienen la oportunidad de ser escuchadas”, reconoció el magistrado Camilo Suárez frente al macrocaso de secuestro.
Le puede interesar: JEP afina detalles de su primera sentencia en medio de inconformidad de algunas víctimas y comparecientes
El macrocaso 01 (secuestro)
En este proceso, los llamados a responder son Rodrigo Londoño Echeverri, último jefe de esa organización armada y ahora líder del partido Comunes. También están Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.Justo en la audiencia de verificación, algunas de las víctimas de secuestro –en este proceso hay 4.100 víctimas acreditadas– aprovecharon el momento para realizar críticas a la manera en la que está procediendo la JEP.
Una de las voces que más retumbó fue la de Sigifredo López, exdiputado del Valle que fue secuestrado el 11 de abril de 2002 por esta guerrilla y que sobrevivió a la masacre de sus 11 compañeros en junio de 2007.
“La JEP, al certificar que comparecientes de las Farc han cumplido con requisitos de verdad y restauración a víctimas, está siendo cómplice de victimarios y consolidándose como un máximo tribunal de impunidad. Qué injusticia. Qué decepción. La historia los juzgará”, dijo López.
Conozca: Víctimas rechazan ruptura de la JEP y la Unidad de Búsqueda en labor para encontrar a los desaparecidos en La Escombrera
López aseguró que la JEP ha certificado como medidas reparadoras cosas que, para él, resultan absurdas frente a las necesidades de las víctimas de verdad, justicia y reparación. Advirtió, por ejemplo, que se certificó la instalación de un sanitario o la participación en un ciclopaseo como aportes reparadores de los comparecientes. “¿En qué restaura eso la vida de las víctimas? En nada”, cuestionó.
Los comparecientes de este macrocaso se han mostrado comprometidos con el proceso. Sin embargo, dejaron ver en una tutela su inconformidad con una de las imputaciones.
El pasado 24 de julio, los 7 miembros del último Secretariado acudieron a la Sección de Revisión de la JEP y presentaron una tutela. Pidieron que el macrocaso de secuestro fuera frenado, ¿la razón? No están dispuestos a reconocer la imputación por esclavitud. En los contextos de conflicto es “común” que se cometan retenciones ilegales de rehenes, sin embargo, la esclavitud y la tortura son tan execrables que hasta el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma le dan un tratamiento diferencial a este delito.
Entérese: Exjefes de las Farc pusieron tutela en la JEP para que no los juzguen por esclavitud
Las críticas de la Fiscalía
Luz Adriana Camargo, fiscal general, ya mostró preocupación por la aparente lentitud con la que camina la JEP. En la tarde del 14 de julio hizo llegar un oficio de 6 páginas en el que hizo un “jalón de orejas” a los magistrados del tribunal de paz. La Fiscalía manifestó su preocupación por la falta de resolución que han tenido los casos más graves del conflicto, por la no definición de situaciones penales de la mayoría de comparecientes y por la falta de una hoja de ruta clara para definir cuáles casos son archivados, cuáles continúan en investigación y cuáles son llevados a juicio.
Por ejemplo, la Fiscalía aseguró que remitió copias de 17 informes donde se identificaron 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas de vulneraciones durante el conflicto. Sin embargo, advirtió el ente acusador, la JEP solo ha procesado a una porción pequeña de los responsables.
La Fiscalía se refiere, por ejemplo, al Macrocaso 01 que investiga y juzga la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad por parte de las Farc y al Macrocaso 07 que investiga y juzga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto.
En esos casos la JEP solo ha avanzado con la imputación del último secretariado de las Farc. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, respondió a la Fiscalía que el traslado masivo de procesos, sin criterios jurídicos rigurosos y sin individualización de responsables desvirtúa la justicia restaurativa y resulta ineficiente y contrario a la economía procesal. Aseguró que muchos de los casos podrían tratarse de falsas denuncias de personas que buscaron acceder al registro único de víctimas.
También puede leer: JEP investigará el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: la familia no está de acuerdo
La inconformidad de las víctimas de reclutamiento
Alexander Vargas, víctima acreditada por reclutamiento, por ejemplo, aseguró a este diario que para que se haga justicia se requieren también imputaciones a los jefes del Estado Mayor, de cada bloque, frentes y compañías que también fueron responsables de cometer delitos.
Los hechos por los que juzgarán a los exFarc ocurrieron entre 1971 y 2016. Durante ese periodo, estima el universo de datos de la JEP, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra como malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales.“Ahora tenemos que empezar a buscar a los niños que desaparecieron mientras fueron reclutados y en pensar en proyectos para las mujeres víctimas”, apuntó Vargas.
La demanda de los exmilitares
La Corte Constitucional, este 6 de agosto, aceptó una demanda radicada por la defensa de 1.320 militares y exmilitares que comparecen ante la JEP.
Piden que se revise el mecanismo del “Juicio de Prevalencia Jurisdiccional”. Aseguran que esa herramienta ha rechazado casos ya aceptados, revocado beneficios y condicionado la permanencia de miembros de la Fuerza Pública.
“En primer lugar, lo que buscamos es que se declare la inconstitucionalidad de estas reglas de interpretación judicial. En este sentido, la jurisdicción no podría exigir a los comparecientes la realización de aportes a la verdad con una solicitud de acceso. Se los podría exigir para que accedan a los beneficios propios o definitivos que tiene la jurisdicción, pero en caso de que un compareciente no los haga lo propio es que aplique el incidente de incumplimiento que sí es un mecanismo que está previsto en la ley y que remita a los comparecientes a un procedimiento adversarial”, apuntó Juan Daniel Mora, de la Corporación Defensoría Militar.
Las víctimas de falsos positivos cometidos por el Batallón La Popa de Valledupar, por su parte, insisten en los pedidos de verdad antes del cierre judicial. “No quiero verdades a medias, ya nos hemos acostumbrado a eso, queremos detalles de cómo fue que nos arrebataron a nuestros familiares. Mi madre no parió a mi hermano para que ustedes lo mataran”, dijo Karen Castro, una de las víctimas.
En este caso, 12 exmilitares han reconocido 135 asesinatos de personas presentadas como falsas bajas en combate en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.
Regístrate al newsletter